Octava Enmienda (EE. UU.): fianzas, multas y penas crueles

"No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales".

La redacción de la Octava Enmienda es casi igual a tres de las disposiciones de la Carta de Derechos inglesa de 1689. Estas disposiciones se basaron en el caso de Titus Oates, cuyas mentiras bajo juramento provocaron la ejecución de muchos inocentes. Como las autoridades inglesas no querían que la gente honesta tuviera miedo de declarar ante los tribunales, no se le condenó a muerte. Aunque su castigo incluía los que se consideraban ordinarios en la época, la combinación de estos castigos se aplicó de forma excesiva y brutal. Oates fue condenado por sedición y arrojado a la cárcel para permanecer allí. Sin embargo, después de que Jacobo II de Inglaterra se convirtiera en rey en 1685, fue juzgado de nuevo, esta vez por perjurio. Además de ser encarcelado de por vida, debía ser "azotado por las calles de Londres cinco días al año durante el resto de su vida". El primer uso de la disposición de la Carta de Derechos inglesa fue la Declaración de Derechos de Virginia de 1776.

La fianza es la cantidad de dinero, bienes o fianza que un acusado tiene que entregar al tribunal para garantizar su comparecencia en el juicio. La fianza depositada por el acusado puede recuperarse al final del juicio. Pero si el acusado no comparece en el momento previsto para el juicio, la fianza se pierde y el acusado puede enfrentarse a penas adicionales. El juez, a la hora de fijar el importe de la fianza, tiene que considerar varios factores. Entre ellos, la naturaleza del delito, la cantidad de pruebas que existen contra el acusado y los vínculos que éste tiene con la comunidad. El juez también debe tener en cuenta la capacidad del acusado para pagar el importe de la fianza y la probabilidad de que el acusado simplemente huya y no se presente a juicio. Todos los acusados se presumen inocentes. Fijar una fianza por una cantidad no razonable restringiría la libertad y la capacidad del acusado para ganarse la vida, además de dificultar el mantenimiento de su familia.

Esta cláusula limita el poder del gobierno para establecer multas, que son pagos por un castigo o delito. El importe de la multa debe ser proporcional a la gravedad del delito. Una multa viola esta cláusula si es manifiestamente desproporcionada con respecto a la naturaleza del delito del acusado.

En 1993, en el caso Austin v. United States, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que esta cláusula se aplicaba también a los procedimientos civiles. Al hacerlo, el Tribunal revocó no sólo sus propias sentencias anteriores, sino también las de varios tribunales de circuito de apelación.

La frase "castigos crueles e inusuales" se utilizó por primera vez en 1789 en la Carta de Derechos inglesa. En 1776, George Mason la añadió a la Declaración de Derechos de Virginia. En 1791, esta misma prohibición se convirtió en la parte central de la Octava Enmienda. Patrick Henry fue uno de los que argumentó que la prohibición de los castigos crueles e inusuales debía formar parte de la Carta de Derechos. De lo contrario, el nuevo gobierno federal podría utilizar la tortura para obtener confesiones. La tortura seguía siendo utilizada en ese momento por España, Francia y Alemania. Estados Unidos no debía seguir su ejemplo. Debido a estos argumentos, se añadió a la Octava Enmienda. Muy pocos estarían en desacuerdo con que el uso del potro, los tornillos de mariposa o la horca son castigos crueles e inusuales y violan claramente la Octava Enmienda. Pero más allá de ese punto se vuelve controvertido lo que es y lo que no es un castigo cruel e inusual.

Los castigos crueles e inusuales no estaban claramente definidos cuando se aprobó la Octava Enmienda. Pero se discutió. El representante Livermore señaló en la Cámara de Representantes que la redacción era vaga. Preguntó: "A veces es necesario colgar a un hombre, los villanos a menudo merecen una paliza, y tal vez que les corten las orejas, pero ¿se nos va a impedir en el futuro infligir esos castigos porque son 'crueles'?". Pero, a pesar de sus objeciones, el lenguaje vago se mantuvo en la enmienda.

En 1910, en el caso Weems v. United States, el Tribunal Supremo admitió que "lo que constituye un castigo cruel e inusual no se ha decidido exactamente". El Tribunal Supremo comenzó a utilizar la prueba de la "evolución de los estándares de decencia". En Trop v Dulles (1958) el Tribunal estuvo de acuerdo con la opinión de que lo que son "castigos crueles e inusuales" prohibidos debe cambiar con el tiempo en función de los castigos que ofenden el "sentido evolutivo de la decencia" de la sociedad. Muy recientemente, los tribunales se han mostrado reacios a mantener el término "inusual" en sus interpretaciones judiciales.

Los originalistas consideran que la evaluación de si un castigo es cruel e inusual sigue estando sujeta a la prueba de la evolución de las normas y a la opinión pública. En Coker v. Georgia (1977) el Tribunal Supremo sostuvo que la pena de muerte es inconstitucional para los condenados por violación. Esto se basó en gran medida en el hecho de que sólo uno de los 50 estados utilizaba esta sentencia. Incluso entonces, los jurados de ese estado no la utilizaban con mucha frecuencia.

El waterboarding se considera una tortura desde la Inquisición española. Los soldados estadounidenses que fueron sorprendidos practicando el waterboarding en Filipinas en 1901, o durante la guerra de Vietnam, en 1968, fueron juzgados. Cuando lo han hecho otros gobiernos, Estados Unidos no ha dejado de calificarlo de tortura. El gobierno de Bush mantuvo que no estaba obligado a realizar la prueba constitucional fuera de Estados Unidos. El juez Antonin Scalia dijo en una entrevista con la BBC que no veía nada en la Constitución que prohibiera la tortura de los detenidos. No cuando se hace con el fin de obtener información. Sin embargo, dijo que sería inconstitucional si se infligiera como castigo. En su toma de posesión en 2009, el presidente estadounidense Barack Obama se comprometió a poner fin a las "técnicas de interrogatorio mejoradas" de la CIA y a cerrar Guantánamo mediante órdenes ejecutivas.