La Vigésima Séptima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (Enmienda XXVII) regula los salarios pagados a los miembros del Congreso de los Estados Unidos y el momento en que cualquier cambio en esos salarios puede entrar en vigor.

El Congreso se compone de dos cámaras, cuyos miembros cumplen mandatos distintos. Los miembros del Senado de los Estados Unidos tienen mandatos de seis años, y los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos cumplen mandatos de dos años. La Vigésima Séptima Enmienda establece que ninguna ley que modifique la remuneración de senadores o representantes podrá entrar en vigor hasta que haya comenzado un nuevo mandato de dos años para la Cámara de Representantes; en otras palabras, cualquier aumento o reducción de sueldo no se aplicará hasta después de la siguiente elección de representantes.

Texto y sentido práctico

En términos sencillos, la enmienda evita que el Congreso se otorgue aumentos salariales que entren en vigor inmediatamente para los miembros que aprobaban esos cambios. Esto crea un desfase temporal que permite a los votantes responder en las urnas antes de que los cambios salariales afecten a sus representantes.

Traducción aproximada del texto constitucional: "Ninguna ley que varíe la remuneración de los Senadores o Representantes podrá entrar en vigor hasta que no haya intervenido elección de Representantes."

Historia y ratificación tardía

El primer Congreso de los Estados Unidos envió esta propuesta de enmienda a los estados para su ratificación el 25 de septiembre de 1789, como parte de un paquete inicial de enmiendas que acompañaron a la Constitución. Aunque muchas de las enmiendas propuestas se ratificaron pronto (las diez que forman la Carta de Derechos), la que hoy es la Vigésima Séptima permaneció sin la ratificación suficiente durante más de dos siglos.

Los estados tardaron más en ratificar esta enmienda que cualquier otra en la historia de Estados Unidos: no fue hasta el 7 de mayo de 1992 que se alcanzó el número necesario de ratificaciones para incorporarla oficialmente a la Constitución. El proceso de ratificación duró 202 años, 7 meses y 12 días, el período más largo conocido entre la propuesta y la aceptación de una enmienda constitucional en ese país.

La reapertura y eventual ratificación en el siglo XX fue impulsada por una campaña iniciada por un estudiante universitario que argumentó que, al carecer la propuesta de un plazo de ratificación, seguía abierta para que los estados la aprobaran. Durante las décadas finales del siglo XX varios estados fueron adoptándola hasta completar el requisito constitucional.

Cuestiones legales y consecuencias

Una cuestión importante en torno a esta enmienda fue si una propuesta sin límite de tiempo para la ratificación podía seguir siendo válida después de tanto tiempo. En ausencia de un plazo explícito en el texto, el criterio legal permitió que los estados ratificaran la propuesta tardíamente; además, precedentes judiciales y decisiones del Congreso sostienen que corresponde al Legislativo determinar si la ratificación es o no oportuna en casos concretos.

En la práctica, la Vigésima Séptima Enmienda obliga a que cualquier cambio en la remuneración de los miembros del Congreso espere hasta que los votantes hayan tenido la oportunidad de elegir a los representantes en la elección siguiente, lo que introduce un freno político a cambios salariales inmediatos y refuerza la rendición de cuentas electoral.

Importancia

  • Sirve como mecanismo de control democrático sobre las retribuciones de los legisladores.
  • Es un ejemplo singular de cómo una propuesta constitucional puede permanecer en trámite por un período extraordinariamente largo y aun así llegar a ser ratificada.
  • Recordatorio de que, salvo que la propia propuesta lo establezca, el Congreso y los estados tienen cierta flexibilidad para determinar los plazos y condiciones de ratificación de las enmiendas.