FARC (o FARC-EP) es la abreviatura de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. Es el nombre de una organización guerrillera que opera en Colombia. El grupo dice tener raíces marxistas-leninistas. Cuando el nombre del grupo se traduce al inglés, suele ser Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. Sus orígenes se remontan a la década de 1960, en el contexto de la violencia política y los conflictos agrarios en Colombia; muchos historiadores datan la formación organizada de las FARC en 1964, tras la dispersión de las llamadas “repúblicas independientes” rurales como Marquetalia. Desde entonces la organización se desarrolló como una guerrilla rural con estructuras militares, políticas y administrativas en zonas apartadas del país.
Posición internacional y clasificación
El gobierno de Colombia, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han clasificado a la organización como grupo terrorista. Otros países, como Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Cuba y Venezuela, no consideran al grupo como terrorista. En cambio, se refieren al grupo como "insurgentes". El presidente venezolano Hugo Chávez, por ejemplo, rechazó públicamente esta clasificación de terroristas en enero de 2008. Pidió a Colombia y a otros gobiernos del mundo que reconocieran a la guerrilla como una fuerza beligerante. Chávez dijo que si se les reconocía así, estarían obligados a dejar de cometer secuestros y actos de terror para respetar los Convenios de Ginebra. La etiqueta de "terrorista" ha sido motivo de debate político y diplomático y ha influido en sanciones, cooperación en seguridad y en los procesos de negociación.
Origen, evolución y estructura
Las FARC se crearon en la década de 1960 como el ala militar del Partido Comunista Colombiano. El grupo comenzó como un movimiento guerrillero campesino centrado en la reivindicación agraria y la lucha contra el Estado, organizándose en bloques regionales con comandantes locales y una estructura central. En la década de 1980 se involucró en el tráfico de drogas ilegales, lo que produjo cambios profundos en sus fuentes de financiamiento y en su organización. Este involucramiento condujo a una separación no formal y controversias con el Partido Comunista; las FARC desarrollaron además una estructura política y militar propia que en ocasiones se autodefinió como Partido Comunista Colombiano Clandestino.
Durante décadas las FARC combinaron la lucha armada con actividades como la extorsión, el cobro de “impuestos” en territorios bajo su control y el secuestro con fines de financiación y negociación. La organización también ha sido implicada en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (ataques a la población civil, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, ejecuciones extrajudiciales y secuestros), lo que ha sido documentado por organizaciones nacionales e internacionales.
Tamaño y presencia territorial
Según el gobierno colombiano, se calcula que las FARC tenían entre 6.000 y 8.000 miembros en 2008, frente a los 16.000 de 2001. Otras estimaciones son más elevadas, e incluyen hasta 18.000 guerrilleros, y las propias FARC afirmaron en una entrevista de 2007 que no se habían debilitado. Durante su apogeo, las FARC estuvieron presentes en amplias zonas rurales —se estima en distintas fuentes que ocuparon entre el 15 y el 20 por ciento del territorio colombiano—, concentrándose en las selvas del sureste, las llanuras de la base de la cordillera de los Andes y regiones fronterizas. Su control territorial fue variable en el tiempo, condicionado por la presión militar del Estado, la presencia de otras organizaciones armadas y las dinámicas del mercado ilegal de drogas.
Intentos de negociación previos
Antes de la negociación que culminó en 2016 existieron varios intentos y episodios de diálogo: en los años 1980 hubo procesos de desmovilización de milicias y conversaciones limitadas; en 1999–2002 el gobierno de Andrés Pastrana estableció una zona de distensión en el área de San Vicente del Caguán para negociar, proceso que no prosperó y concluyó sin acuerdo, debilitando temporalmente a la guerrilla y tensionando la opinión pública. A lo largo de los años también hubo intercambios de prisioneros, liberaciones de secuestrados y otras iniciativas de menor escala.
Proceso de paz (2012–2016) y acuerdo
En 2012 se reanudaron conversaciones de paz formales entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana (Cuba), con mediación internacional y participación de veedores. En junio de 2016 las FARC firmaron un acuerdo de alto el fuego con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en La Habana. Este acuerdo se consideró un paso histórico para poner fin a una guerra que duraba más de cinco décadas. El 25 de agosto de 2016, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que tras cuatro años de negociaciones se había logrado un acuerdo de paz con las FARC y que el 2 de octubre se celebraría un referéndum nacional. El referéndum fracasó con un 50,24% de votos en contra. El 24 de noviembre, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz revisado, que el Congreso colombiano aprobó el 30 de noviembre.
El acuerdo final incluyó múltiples componentes: reforma rural integral y programas de desarrollo en zonas afectadas por el conflicto; garantías de participación política para excombatientes; soluciones al problema de las drogas ilícitas con programas de sustitución de cultivos y alternativas económicas; medidas de reparación para las víctimas y un sistema de justicia transicional para investigar y sancionar crímenes cometidos durante el conflicto (la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP). El proceso contó con verificación internacional y mecanismos para la implementación gradual de lo acordado.
Desarme, dejación de armas y transformación política
El 27 de junio de 2017, las FARC dejaron de ser un grupo armado, desarmándose y entregando sus armas a las Naciones Unidas. La entrega de las armas fue verificada por una misión internacional y formó parte del cronograma pactado en los acuerdos. Tras el desarme, un gran número de excombatientes inició procesos de reincorporación a la vida civil con apoyo estatal y de organismos internacionales. En 2017 el antiguo grupo insurgente se reconvirtió en un movimiento político legal: adoptó el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (conservando la sigla FARC) y participó en la vida electoral como partido político.
Resultados, retos y situación actual
El acuerdo de paz fue aplaudido como un avance histórico, pero su implementación ha enfrentado dificultades y resistencias. Entre los retos más importantes están la implementación efectiva de la reforma rural, la creación de oportunidades económicas sostenibles para los excombatientes, la persistencia de economías ilícitas (cultivos de coca, minería ilegal, tráfico de drogas) y la presencia de grupos disidentes y bandas criminales que rechazaron el proceso de paz y continuaron con actividades armadas y delictivas. Además, han ocurrido asesinatos de excombatientes y líderes sociales, lo que ha generado preocupación nacional e internacional sobre la seguridad y la reconciliación.
En materia de justicia transicional, la JEP ha sido el mecanismo central para investigar crímenes vinculados al conflicto, con procedimientos especiales para la verdad, la reparación y, en casos de delitos graves, sanciones alternativas con enfoque restaurativo cuando se admite la verdad y se hace reparación. El proceso ha implicado juicios, gestos de reconocimiento de responsabilidad por parte de mandos y debates sobre equilibrio entre justicia y paz.
Impacto humano y legado
El conflicto armado colombiano, con la participación de las FARC como uno de sus actores principales, dejó millones de víctimas: muertos, desaparecidos, desplazados internos y comunidades afectadas por violencias de todo tipo. El acuerdo de paz buscó abordar parte de esas consecuencias mediante reparación, verdad y garantías de no repetición, pero el camino hacia la reconciliación y la justicia plena sigue siendo largo y complejo.
En resumen, las FARC han pasado de ser una guerrilla rural con origen en las luchas agrarias del siglo XX a convertirse, tras décadas de conflicto, en un actor que firmó un acuerdo político-militar para su desarme y que intentó transformarse en fuerza política legal. El final formal de su condición de grupo armado en 2017 y el proceso de paz han abierto una nueva etapa en Colombia, con avances significativos y desafíos persistentes en la implementación y en la construcción de paz duradera.