Los Casos de Derechos Civiles 109 U.S. 3 (1883) fueron un grupo de cinco casos similares consolidados en una sola cuestión para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos los revisara. El Tribunal sostuvo que el Congreso carecía de autoridad constitucional en virtud de la Decimocuarta Enmienda para prohibir la discriminación racial por parte de individuos y organizaciones privadas, en lugar de los gobiernos estatales y locales.

El Tribunal sostuvo que la Ley de Derechos Civiles de 1875, que establecía que "todas las personas dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos tendrán derecho a disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de los alojamientos, las ventajas, las instalaciones y los privilegios de las posadas, los transportes públicos por tierra o por agua, los teatros y otros lugares de diversión pública; con sujeción únicamente a las condiciones y limitaciones establecidas por la ley, y aplicables por igual a los ciudadanos de cualquier raza y color, independientemente de cualquier condición previa de servidumbre" era inconstitucional.

Antecedentes

Tras la Guerra Civil y la aprobación de la Decimocuarta Enmienda, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1875 para asegurar el acceso igualitario a instalaciones públicas y prevenir la segregación y exclusión de personas por motivos de raza. Varios demandantes afectados por prácticas discriminatorias en posadas, teatros y transporte impugnaron la constitucionalidad de la ley, llevando el asunto al máximo tribunal en un caso consolidado que se conoce colectivamente como Los Casos de Derechos Civiles.

Fallo del Tribunal

La opinión mayoritaria fue escrita por el juez Joseph P. Bradley. El Tribunal sostuvo que la protección que ofrece la Decimocuarta Enmienda se dirige contra acciones estatales y no puede extenderse, según la interpretación mayoritaria, para regular la conducta privada de individuos u organizaciones. En consecuencia, la protección federal contra la discriminación racial establecida por la Ley de 1875 fue declarada inconstitucional en cuanto pretendía regular actos privados.

Fundamento jurídico

  • El Tribunal interpretó que la cláusula de protección igualitaria y la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda limitan la acción de los estados, pero no convierten en acción estatal todo acto discriminatorio cometido por particulares.
  • Según la mayoría, la autoridad del Congreso bajo la Enmienda XIV (Sección 5) para hacer cumplir sus normas es correctiva frente a actos de los estados; no puede transformarse en un poder general para regular las relaciones privadas.

Disenso

El juez John Marshall Harlan fue el disidente solitario y escribió un voto discrepante notable. Harlan defendió una interpretación más amplia de la Decimocuarta Enmienda que permitiera al Congreso legislar contra prácticas discriminatorias privadas que, en la práctica, privaban a los ciudadanos, especialmente a los afroestadounidenses, de igualdad de disfrute de lugares públicos.

Consecuencias inmediatas

  • La invalidación de la Ley de 1875 dejó sin una herramienta federal eficaz para combatir la segregación y la discriminación en ámbitos privados, facilitando la expansión de las leyes y prácticas de Jim Crow en el Sur.
  • Durante décadas, el fallo limitó la capacidad del gobierno federal para intervenir contra discriminación privada basada en raza mediante la Décimocuarta Enmienda.

Legado y reformas posteriores

El principio central del fallo —la distinción entre acción estatal y conducta privada— permaneció influyente en la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, en el siglo XX el Congreso y los tribunales encontraron rutas alternativas para regular la discriminación:

  • La Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibió la discriminación en lugares públicos y en el empleo, fue defendida ante los tribunales fundamentándose principalmente en el poder del Congreso sobre el comercio interestatal (Commerce Clause), lo que permitió sortear la limitación estricta que supuso el fallo de 1883.
  • Decisiones posteriores y nuevas legislaciones ampliaron las protecciones federales contra la discriminación, aunque la cuestión del alcance exacto de la Sección 5 de la Decimocuarta Enmienda ha sido objeto de debates y matizaciones judiciales posteriores.

Importancia histórica

Los Casos de Derechos Civiles (109 U.S. 3) son una decisión clave para entender por qué, durante casi un siglo, el esfuerzo federal para eliminar la segregación y la discriminación raciales encontró límites importantes. El fallo marcó el inicio de un periodo en que la igualdad formal consagrada en la Reconstrucción fue, en gran medida, socavada por la falta de herramientas federales eficaces para controlar la discriminación privada hasta la llegada de nuevas estrategias legales y legislativas en el siglo XX.