Hernández contra Texas, 347 U.S. 475 (1954), fue una decisión histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En un fallo unánime, el Tribunal sostuvo que los mexicano-estadounidenses y todos los demás grupos raciales o nacionales de los Estados Unidos tenían la misma protección en virtud de la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El fallo fue redactado por el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren. Este fue el primer caso en el que los abogados mexicano-americanos comparecieron ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Antecedentes del caso

El caso se originó cuando Hernández, un mexicano-estadounidense, fue acusado y condenado por un delito grave por un jurado en su condado de residencia. Sus defensores impugnaron la condena alegando que los procedimientos de selección de jurados y la práctica local habían excluido sistemáticamente a personas de origen mexicano de servir en jurados, lo que vulneraba su derecho a un juicio imparcial y la igualdad de protección bajo la ley consagrada en la 14ª Enmienda. En la etapa procesal se recolectaron registros y testimonios que mostraban la ausencia prolongada de ciudadanos mexicano‑americanos en los jurados del condado y prácticas discriminatorias en la administración local.

Cuestión jurídica y fallo

La cuestión principal ante el Tribunal Supremo fue si la exclusión de mexicano‑estadounidenses de los jurados, aunque no basada en una ley explícita de segregación, constituía una violación de la cláusula de equal protection de la 14ª Enmienda. El Tribunal, en opinión redactada por el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, concluyó que la protección de la 14ª Enmienda no se limita a una simples distinción blanco/negro, sino que ampara a cualquier grupo que sea objeto de discriminación por motivos raciales, de origen nacional u otros caracteres análogos. En consecuencia, el Tribunal sostuvo que la exclusión sistemática de mexicano‑estadounidenses de los jurados violaba la igualdad de protección y ordenó que la condena fuera revocada y el caso remitido para un nuevo juicio con jurado imparcial.

Argumentos y razonamiento del Tribunal

  • Reconocimiento de una clase protegida: El Tribunal reconoció que los mexicano‑estadounidenses constituían una clase distinta que había sido sometida a discriminación social y administrativa, por lo que merecían la protección de la 14ª Enmienda.
  • Prueba de discriminación práctica: No era necesario que existiera una ley escrita que prohibiera la participación en jurados; bastaba demostrar prácticas y costumbres que causaran la exclusión sistemática de un grupo.
  • Alcance de la 14ª Enmienda: La opinión amplió la interpretación de la cláusula de igualdad, indicando que protege a todos los grupos que sufren discriminación significativa, no únicamente a las categorías raciales explícitas tratadas en precedentes anteriores.

Consecuencias e importancia

El fallo de Hernández contra Texas tuvo varias repercusiones clave:

  • Precedente jurídico: Estableció que la exclusión de miembros de una comunidad étnica o nacional de los jurados puede vulnerar la 14ª Enmienda, y sirvió como precedente en futuras impugnaciones por discriminación en la selección de jurados.
  • Reconocimiento de derechos civiles para latinos: Fue un hito para la comunidad mexicano‑estadounidense y para los derechos civiles de las minorías latinas en Estados Unidos, al confirmar que la protección constitucional no estaba limitada a un esquema binario blanco/negro.
  • Impacto social y político: El caso consolidó la visibilidad de las injusticias que enfrentaban los mexicano‑estadounidenses y contribuyó al impulso de organizaciones y movimientos de derechos civiles que abogaban por la participación cívica y la igualdad ante la ley.
  • Docencia y estudio: La decisión se estudia en facultades de derecho y en historia constitucional como ejemplo de ampliación del alcance de la cláusula de igualdad y de la protección contra prácticas discriminatorias informales.

Aunque no resolvió todos los problemas de discriminación institucional, Hernández contra Texas representó un avance significativo en la jurisprudencia sobre igualdad y sentó las bases para reclamos posteriores contra prácticas discriminatorias en procesos penales y administrativos.