Shaka Sankofa, alias Gary Graham, nacido como Gary Lee Graham (5 de septiembre de 1963 - 22 de junio de 2000), fue condenado a muerte por el asesinato de Bobby Lambert, de 53 años, ocurrido en Houston, Texas, el 13 de mayo de 1981. En el momento del crimen Sankofa tenía diecisiete años; más tarde, ya en prisión, se convirtió al islam y adoptó el nombre de Shaka Sankofa.

Hechos y prueba

Sankofa fue declarado culpable de haber disparado a Lambert en el aparcamiento de un supermercado de Houston. Durante los interrogatorios reconoció haber cometido numerosos robos aquella semana —dijo a la policía que había realizado diez robos y el gobierno sostuvo que pudo haber participado en hasta 22 robos en la zona—, pero negó haber matado a Lambert. En uno de los robos descritos por la fiscalía, Graham empleó una escopeta para asaltar a un conductor al que acompañó cuando su coche se detuvo en la carretera; aquel hombre fue disparado por Graham pero sobrevivió.

No existían pruebas físicas que vincularan a Graham de manera directa con el asesinato de Lambert. La condena se apoyó principalmente en el testimonio de una mujer que aseguró haber presenciado el disparo desde su coche en el aparcamiento: dijo que oyó el disparo, encendió las luces y vio a Graham corriendo; lo siguió con su vehículo fuera del lugar. Según los partidarios de Sankofa, la identificación se realizó en condiciones de baja luminosidad y la testigo lo vio sólo unos segundos desde una distancia aproximada de 9 metros. Además, el jurado no escuchó el testimonio de hasta seis aparentes testigos que afirmaban que Sankofa no era el asesino, circunstancia que sus defensores han señalado como fundamental para la controversia sobre la validez de la condena[1].

Juicio, apelaciones y demandas

Tras ser condenado, Sankofa agotó múltiples recursos legales. Sus abogados presentaron recursos ante tribunales estatales y federales y llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en una votación de 5 a 4 se negó a detener la ejecución. Paralelamente, sus defensores presentaron una demanda civil alegando violaciones a sus derechos civiles, demanda que el juez de distrito James Nowlin rechazó.

También se solicitaron indultos y clemencia a las autoridades del estado de Texas; esas peticiones fueron denegadas, incluido el rechazo de la solicitud de clemencia por parte del gobernador de Texas en ese momento. Los defensores internacionales y organizaciones de derechos humanos impulsaron campañas públicas y apelaciones de último minuto para intentar evitar la ejecución.

Ejecución y repercusiones

Shaka Sankofa fue ejecutado por inyección letal en la Unidad Huntsville de Texas el 22 de junio de 2000. Su caso provocó un amplio debate público y mediático tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La ejecución de una persona que había cometido el delito siendo menor de edad generó críticas y volvió a poner sobre la mesa cuestiones éticas y legales relacionadas con:

  • La fiabilidad de las identificaciones por testigos oculares realizadas en condiciones adversas.
  • La ausencia de pruebas físicas que concretaran la participación en el asesinato.
  • La aplicación de la pena de muerte a personas que cometieron delitos siendo menores (en 2005, con la sentencia Roper v. Simmons, la Corte Suprema de EE. UU. prohibió las ejecuciones de personas que eran menores al cometer el delito, decisión que llegó tras la ejecución de Sankofa).

Controversia y legado

El caso de Shaka Sankofa continúa siendo citado en debates sobre la pena capital, la justicia penal y los estándares de pruebas en casos capitales. Sus partidarios y diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que su ejecución estuvo marcada por dudas razonables sobre su culpabilidad y por fallos procesales que impidieron la consideración de testimonios potencialmente exculpatorios. Para muchos, el proceso ejemplificó problemas persistentes en el sistema de justicia penal estadounidense: dependencia en un único testigo ocular, tratamientos diferenciales por edad y la dificultad para revertir condenas capitales una vez agotadas las apelaciones.

Aunque la ejecución cerró el expediente judicial, la discusión sobre el caso de Sankofa sigue presente en análisis sobre identidades erróneas en identificaciones oculares, garantías procesales en juicios por homicidio y la aplicación de la pena de muerte en casos relacionados con delincuencia juvenil.