Novena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos

Ratificada el 15 de diciembre de 1791, la Novena Enmienda (Enmienda IX) de la Constitución de los Estados Unidos forma parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. James Madison quería asegurarse de que la Carta de Derechos no se considerara que concedía sólo los derechos que enumeraba. Es una de las enmiendas menos mencionadas por el Tribunal Supremo. La Novena Enmienda, cuando se menciona, suele desempeñar un papel secundario en apoyo de un nuevo derecho. Uno de los pocos que depende de la Novena Enmienda es el derecho constitucional a la privacidad. Lo que la Novena Enmienda significa, en pocas palabras, es que el pueblo de Estados Unidos tiene otros derechos además de los enumerados en la Constitución.

Texto

"La enumeración en la Constitución, de ciertos derechos, no debe interpretarse como la negación o el menosprecio de otros retenidos por el pueblo".

Derechos retenidos por el pueblo

En 1787, en la Convención Constitucional, la nueva Constitución debía ser ratificada por nueve de los trece estados. Los estados que no ratificaran la Constitución no formarían parte de los Estados Unidos. Muchas personas se oponían a la creación de un gobierno nacional que tuviera poder sobre los gobiernos estatales. Se les llamó antifederalistas. Creían que cada estado debía ser un país soberano. Los federalistas querían un gobierno central fuerte. Para aprobar la Constitución y comenzar una nueva forma de gobierno se llegó a un compromiso. Los principales federalistas, como Patrick Henry y George Mason, sugirieron añadir una Carta de Derechos a la Constitución en forma de enmiendas. El 25 de septiembre de 1789, el Congreso aprobó doce artículos de enmienda a la Constitución y los presentó a los estados para su ratificación. El 15 de diciembre de 1791, los estados ratificaron diez de las enmiendas que se convirtieron en la Carta de Derechos.

Originalmente, los autores de la Carta de Derechos querían dejar claro que estos derechos no se tomaban para aumentar los poderes del gobierno nacional. Tampoco pretendían garantizar derechos adicionales al pueblo. La interpretación moderna, sin embargo, es que el pueblo tiene derechos que no figuran en la Carta de Derechos.


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