Mapp v. Ohio
Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961), fue una decisión histórica en el procedimiento penal. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las pruebas obtenidas en violación de la Cuarta Enmienda no pueden utilizarse en un juicio en un tribunal estatal.
Circunstancias
El 23 de mayo de 1957, en Cleveland, Ohio, tres agentes de policía llegaron a la casa de una señorita Mapp, la recurrente. Los agentes dijeron que tenían información de que un sospechoso de haber puesto una bomba estaba en la casa y exigieron la entrada. Después de telefonear a su abogado, ella se negó a admitirlos sin una orden de registro. Los agentes vigilaron la casa hasta que llegaron más agentes. Tres horas más tarde y con cuatro policías más, volvieron a exigir la entrada a la vivienda. Cuando Mapp no acudió a la puerta inmediatamente, forzaron la puerta y la policía entró. Aproximadamente al mismo tiempo, llegó el abogado de Mapp, pero se le negó el permiso para ver a su cliente o para entrar en la casa. Cuando Mapp estaba a medio camino de las escaleras, exigió ver la orden de registro. Le mostraron un papel que ella agarró y escondió en su persona. Los agentes la agarraron para recuperar físicamente el papel. El papel no era una orden judicial. La policía no encontró al sospechoso del atentado. Sin embargo, sí encontraron libros y fotografías que, según ellos, eran sexualmente explícitas. En el juicio, la fiscalía no presentó una orden de registro ni demostró que se hubiera emitido una. Mapp fue condenada por violar la ley del estado de Ohio que prohíbe el "material lascivo, lascivo u obsceno". Fue condenada a entre uno y siete años de prisión. Mapp apeló la condena basándose en sus derechos de la Primera Enmienda.
Tribunal Supremo de Ohio
El Tribunal Supremo de Ohio conoció el caso. El tribunal creyó que se podía argumentar para revertir el caso debido a la forma en que se obtuvieron las pruebas. Pero no determinaron que las pruebas se obtuvieran de la persona de Mapp mediante el uso de fuerza brutal contra el acusado. Añadieron que incluso si el registro se hizo sin autoridad, podría utilizarse en el juicio estatal. Dictaminaron que la Decimocuarta Enmienda no prohíbe la admisión de pruebas obtenidas mediante registros eincautaciones no razonables. Por lo tanto, su recurso fue denegado.
Decisión del Tribunal Supremo de EE.UU.
En su decisión, el tribunal falló a favor de Mapp y anuló su condena. En la decisión de 6-3, el tribunal consideró que los estados también debían excluir las pruebas incautadas en violación de los derechos de una persona en virtud de la Cuarta Enmienda. Declararon que cualquier prueba obtenida en registros e incautaciones que violaran la Constitución no era admisible en los tribunales estatales. De lo contrario, no existiría el derecho contra los registros e incautaciones irrazonables. El juez asociado Tom C. Clark emitió la opinión mayoritaria.
