Zonas insulares de EE. UU.: territorios (Guam, Samoa, Marianas) y derecho al voto

Estado jurídico y ciudadanía

Las zonas insulares de EE. UU. tienen diferentes estatus legales. La mayoría son territorios no incorporados y autogobernados con gobiernos locales y leyes propias, pero bajo la autoridad del Congreso de Estados Unidos (Cláusula Territorial, Artículo IV de la Constitución).

• Ciudadanía: en la mayoría de estos territorios los residentes son ciudadanos estadounidenses de nacimiento (por ejemplo, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Marianas del Norte). Samoa Americana es la excepción más conocida: las personas nacidas allí son ciudadanos estadounidenses no ciudadanos; tienen la condición de nacionales estadounidenses y deben solicitar la ciudadanía si desean obtenerla.
• Aplicación de la Constitución: por decisiones judiciales históricas (los llamados "Insular Cases"), la plena aplicación de ciertos derechos constitucionales puede variar entre territorios incorporados y no incorporados.

Derechos electorales federales

Los residentes de las zonas insulares no pueden votar en la elección general para presidente y vicepresidente desde el territorio porque el Colegio Electoral asigna votos a los 50 estados y al Distrito de Columbia, no a los territorios. No obstante:

• Las personas que viven en un territorio y se mudan a un estado sí pueden inscribirse y votar en las elecciones federales en ese estado.
• En muchos territorios se permiten las primarias o caucuses presidenciales de los partidos políticos; así, los territorios pueden enviar delegados a las convenciones nacionales de partido y participar en la selección de candidatos presidenciales.

Representación en el Congreso

Los territorios suelen tener representación limitada en el Congreso:

• Puerto Rico elige un Comisionado Residente al Congreso (Resident Commissioner) que tiene voz en comités pero no voto definitivo en el pleno de la Cámara de Representantes; su mandato es de cuatro años.
• Otros territorios (Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte) eligen delegados o comisionados que representan sus intereses en la Cámara durante dos años; estos delegados pueden formar parte de comités y presentar legislación, pero no votan en la sesión plenaria de la Cámara.
• Ninguno de los territorios tiene representación en el Senado.

Participación política local

En sus territorios, los residentes sí votan en elecciones locales: eligen gobernadores, legislaturas territoriales y funcionarios municipales. Además, a menudo celebran referendos y plebiscitos sobre cambios de estatus (p. ej., consultas sobre la estadidad, la libre asociación o la independencia en Puerto Rico y otros territorios).

Otros territorios insulares y dependencias menores

Además de los territorios con poblaciones permanentes mencionados arriba, Estados Unidos administra varias islas y atolones en el Pacífico y el Caribe que están deshabitadas o tienen presencia limitada (militar o científica), como Wake, Midway, Palmyra, Johnston, Baker, Howland, Jarvis y Kingman Reef. Estos lugares forman parte de las "islas menores del Pacífico" y no tienen gobierno civil local ni representación política propia.

Temas frecuentes y debates

• El estatus político y los derechos de los residentes (especialmente en Puerto Rico y Samoa Americana) suelen ser objeto de debate: propuestas de estadidad, independencia, libre asociación o reformas del régimen territorial.
• Cuestiones fiscales y de acceso a programas federales: la aplicación de impuestos federales y la elegibilidad para ciertos programas pueden variar según el territorio.
• Interpretación constitucional y derechos civiles en territorios no incorporados sigue siendo tema jurídico y político en EE. UU.

Resumen

Las zonas insulares de Estados Unidos son territorios con distintos grados de autogobierno y estatus legal. Sus residentes, en general, no pueden votar en la elección presidencial desde el territorio y tienen representación limitada en el Congreso. Sin embargo, participan en la vida política local y, a menudo, en primarias presidenciales, y existen procesos políticos y judiciales en curso sobre su estatus y derechos.